Amplían la denuncia por lavado y vaciamiento de la obra social de Hugo Moyano

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp
La diputada Ocaña pedirá al juez Bonadio que investigue un giro de $ 35 millones que benefició a empresas del grupo familiar del sindicalista, entre otras operaciones. 
 
La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña ampliará hoy su denuncia contra el líder de Camioneros Hugo Moyano por vaciamiento de la obra social de su gremio en, por lo menos, unos 35 millones de pesos a favor de las empresas familiares del sindicalista y por supuestas operaciones de lavado de dinero. Lo hará ante el juez federal Claudio Bonadio.
 
Ocaña, la primera en denunciar a Moyano en el 2009 en una de las causas del caso que se conoció como la mafia de los medicamentos, pidió además al juez que intervenga la obra social de los camioneros porque, pese al crecimiento de las empresas del grupo familiar del camionero, presenta, desde el punto de vista técnico, “una quiebra” de 636 millones de pesos. Hace 4 años que la obra social del gremio viene presentado pérdidas, mientras crece el patrimonio de las empresas del grupo Moyano.
 
La ampliación de la denuncia se conoce en una semana en que se agravó el conflicto entre Moyano y el Gobierno. El camionero dijo el martes que “no tengo miedo de ir preso” por el frente judicial complicado que afronta, en el cual está causa en al juzgado de Bonadio. Entre el 2009 y 2010, Bonadio procesó a varios funcionarios de la obra social de los camioneros y a proveedores de medicamentos por maniobras con los remedios y elevó la causa a juicio oral y público. Pero, en ese momento, consideró que Moyano no era responsable penalmente por esos desmanejos. La semana pasada, Moyano había tratado de “cucaracha” a Ocaña por las denuncias que vienen haciendo en su contra desde el 2009.
 
Además, Moyano está imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) –que dirige Gabriel Pérez Barberá- por evasión impositiva y lavado de dinero ante el juez en lo penal económico Rafael Caputo, quien en enero delegó la investigación en la fiscal Alicia Sustaita. La denuncia se basa en un reporte de operación sospechosa (ROS) presentado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici por una serie de movimientos financieros sospechosos entre la obra social y las empresas del grupo Moyano y el correo privado OCA. El líder sindical, junto a su hijo Pablo, también está imputado en la causa por lavado de dinero contra ex directivos de Independiente en la que está detenido el líder de la barra brava del club, “Bebote” Alvarez.
 
En un escrito de 20 carillas, al que accedió Clarín en fuentes judiciales, Ocaña analizó cómo Moyano sacó dinero de la obra social para transferirlas a las empresas manejadas por sus familiares llamadas IRAI SA –la nave insignia-, DIXEY SA, Organización de Seguridad Las Marías SA, SELCA SRL y ACONRA SA. El mayor crecimiento económico del grupo Moyano se dio con los Kirchner. Consiguió que el Gobierno le diera un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas. Este subsidio “se aplicó desde el año 2004 hasta el año 2012 y costo miles de millones a todos los argentinos. Permitiendo al Gremio de Moyano aumentar sus afiliados de 40.000 a casi 200.000”. La alianza con los Kirchner se terminó en el 2013 cuando la justicia suiza preguntó si había vínculos del clan Moyano con una cuenta bancaria de la empresa recolectora de basura Covelia. Ahora, ante la pelea con el Gobierno y el avance de la Justicia, Moyano está recomponiendo su relación política con Cristina Kirchner.
 
Mientras, les sacaba a los empresarios una “contribución solidaria del tres por ciento de la remuneración a todos los trabajadores afiliados o no a camioneros, como también las contribuciones obligatorias a la Mutual del siete por ciento que realizan sobre la nómina salarial empresarios y trabajadores”, contó Ocaña.
 
En toda su ampliación, la ex ministra de Salud destaca que “las obras sociales son entes públicos no estatales”, con la intención de que la plata que circulaba por ella sea considera un fondo público y por lo tanto un delito a ser investigado por la justicia federal.
 
En cuanto a IARAI, que maneja la tercera esposa de Moyano, Liliana Zulet, tuvo en el 2009 “ganancias, después de impuestos, que ascienden a $ 6.090.357, duplicando con exceso las del año anterior, que ascendían a $ 2.717.907”, según los balances presentados ante la Inspección General de Justicia. Además, IARAI compró un inmueble situado en calle Gral. Hornos n° 1178-84 de la CABA en US$ 200.000 y otro Montes de Oca n° 131-141 en US$ 1.800.000.
 
IARAI también hizo préstamos a las sociedades vinculadas Aconra S.A., Dixey S.A. y compró del 50 por ciento de las acciones de la Organización de Seguridad las Marías.
 
Además, IARAI hizo ventas a la obra social de Camioneros “por 129.673.314 pesos lo que representa un aumento del 61 por ciento respecto de la facturación del año anterior”. A lo que suma ingresos “por cobro de alquiler a la empresa Dixey S.A. por 679.849”. Luego Ocaña se tomó una licencia poética para explicar la operatoria. “Nos imaginamos esa negociación en la mesa de la casa del señor Moyano entre plato y plato la Sra. Zulet. ¿Sabes que no me alcanza la plata? Me tenés que aumentar la cápita y tráeme el flan con dulce de leche… y IARAI s.a. lo logró”. “Esta recomposición de los ingresos le permitió a IARAI SA inyectar nuevos fondos a otra de las empresas del grupo: Dixey S.A. En este caso le giro $567.071 que debe adicionarse a un préstamo anterior; ascendiendo la inversión en la empresa vinculada a 2.027.137”, agregó´.
 
IARAI S.A. es una gerenciadora creada para absorber los fondos de la Obra Social Social, realizando “una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la familia Moyano”, concluyó Ocaña.
 
Dixey S.A fue creada en el año 2002 y, un año después en el año 2003 se produce el ingreso de la familia Moyano-Zulet en la sociedad. Hasta ahora la única actividad comercial conocida “es la compra de 3 inmuebles en la zona de Parque Leloir de 7001 mts2 con domicilio en la calle de los Baqueanos 860 y lotes aledaños. En esta dirección ¡oh casualidad! ha fijado su domicilio particular la señora Liliana Zulet de Moyano”, destacó..
 
“ANCORA es otra de las empresas integrantes del holding Moyano-Zulet, que ya he denunciado en esta causa, y cuya actividad está centrada en la construcción y el gerenciamiento de hoteles del sindicato de Camioneros” explicó la legisladora.
 
Entonces, del análisis de los balances de la obra social y las empresas se observa, destacó Ocaña, “una serie de sociedades que llevan adelante operaciones comerciales que no tienen sentido económico y que en realidad llevan adelante una integración horizontal que traspasa fondos originados en tributos obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades creadas al efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar, en una clásica operación de lavado, estos a su patrimonio personal dando apariencia de legalidad la obra social presenta una situación de quebranto en los últimos cuatro ejercicios contables en los cuales a presentando un patrimonio neto negativo”. “OSCHOCA es inviable, mientras que las empresas Moyano-Zulet no pararon de ganar plata. Resultado, perdió OSCHOCA y los trabajadores, ganaron los bolsillos de Moyano y Zulet. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”, agregó.
 
El último balance correspondiente a la Obra Social de Camioneros que “muestra que mientras sus empresas personales brillan la Obra social tiene un quebranto de 636.935.873 pesos y esto se repite en los últimos años, lo que mostraría a todas luces la incapacidad para continuar como una organización en funcionamiento”. La obra social de los camioneros “depende de los subsidios del sistema de salud tanto reintegro del APE y del SUMA”. Estos pasaron de “$ 334.000.000 en diciembre del año 2014 a $776.000.000 al 31 de diciembre de 2016”.
 
Ese último balance, firmado por Hugo Moyano, “muestra que mientras los aportes y contribuciones crecieron un 36%, diciembre de 2016 vs diciembre 2015, los gastos prestacionales que facturan sus empresas familiares, superaron el 42 por ciento”.
 
En definitiva, “esta estructura encubre una integración horizontal que tiene como objetivo blanquear el dinero a favor de los Moyano, el sobreprecio pasa de una empresa a la otra a través de operaciones cruzadas de préstamos, mutuos, alquileres de inmuebles, compra de acciones y venta de servicios entre ellas. En el camino se oculta el origen ilícito de los fondos que provienen de la defraudación a la obra social y por tanto a fondos públicos”. En menos de 10 años, se contabilizaron traspasos a favor del grupo Moyano-Zulet por “la nada despreciable cifra de $ 35.213.846 descompuesta de la siguiente manera: IARAI S.A. $ 15.770.826, ACONRA S.A. $ 11.057.253, y DIXEY S.A. $ 8.385.767”.
 
En su escrito, Ocaña pidió al juez que se designe un interventor judicial en todas las empresas del grupo Moyano y en la obra social de Camioneros.
 
Fuente: clarín.com 08/02/2018
 
Su voto: Nada

Enviar un comentario nuevo

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.