CADIME recurrió a la justicia

CADIME recurrió a la Justicia, como último recurso para que se convoque a la Comisión de Concertación Arancelaria prevista por la ley 23.661. La situación en la dilatada lucha para que se reactualicen los valores de los aranceles que perciben los prestadores, totalmente depreciados, ha llegado a una situación límite.

Los reclamos que se vinieron efectuando reiteradamente desde el sector prestador no tuvieron respuesta alguna, lo que dio lugar a un manifiesto estado de escepticismo e inacción, que lleva a pensar a la vez en que las empresas se han resignado a su ominosa realidad.

Nada más erróneo que ello, dado que, por caso, el recurso empleado por muchos sectores empresarios como es el lock out  no es  dable en nuestras actividades, atento a que, en definitiva se atenta contra la salud y la vida de los pacientes.

Desde CA.DI.ME. y a lo largo de los últimos meses señalamos que existen instrumentos legales vigentes  que permiten arribar a  soluciones mediante el acuerdo entre todos los sectores intervinientes en el quehacer de la salud, como es la Comisión Permanente de Concertación de Aranceles previsto en el art 35º de la Ley 23.661, y que debe poner en funcionamiento la Superintendencia de Servicios de Salud.

En consecuencia, con el propósito de fijar aranceles éticos, mínimos y obligatorios para cada una de las prestaciones, basados en los costos reales de producción de las mismas, requerimos insistentemente ante los diferentes niveles oficiales, la puesta en marcha de dicha Comisión, sin lograr resultado alguno.

El no habilitar este espacio de diálogo y consenso entre todas las partes y el Estado, logrando la indispensable transparencia y equidad que debe exigirse en toda negociación, máxime si está involucrada en la producción de un bien público como es la salud, resulta al menos un verdadero despropósito por parte de quiénes tienen, además de  las facultades legales, la obligación de asegurar el mejor desenvolvimiento de los servicios que se brindan a la población.

Ante esta situación, y cómo último recurso para que la  Comisión Permanente  de Aranceles sea puesta en funcionamiento de inmediato, CA.DI.ME. se presentó ante la Justicia exigiendo el cumplimiento de la norma que así lo establece.

Consideramos que este es el camino más apropiado, porque es lo que la legislación actual contempla para la resolución de los problemas  que se plantean en materia arancelaria y porque es un procedimiento legal que no debe ser soslayado.

Pero también por ser un mecanismo eminentemente de diálogo y concertación, adquiere hoy una relevancia especial frente a la inminente conformación de un espacio institucionalizado de debate y acuerdo multisectorial como es el Consejo Económico y Social, requerido desde diversos sectores empresarios y sindicales como del propio Gobierno Nacional.

Fuente: CADIME