Los juicios contra hospitales, obras sociales y prepagas cuestan $4.800 millones por año

A este gasto, que representa 10 pesos promedio por mes y por persona, se suman otros aún más cuantiosos derivados de la presión ejercida por estudios jurídicos contra los centros de atención médica.

Los datos forman parte de estudios elaborados con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud.

Las demandas y amparos contra el sistema sanitario crecen al 10 por ciento anual y ya le cuestan 4.800 millones de pesos por año a hospitales, obras sociales y prepagas, por lo que cada ciudadano debe destinar, en promedio, 120 pesos anuales en impuestos y otras erogaciones para afrontar una "industria del juicio" cada vez más sofisticada.

A este gasto, que representa 10 pesos promedio por mes y por persona, se suman otros aún más cuantiosos derivados de la presión ejercida por estudios jurídicos contra los centros de atención médica y, en especial, hacia los profesionales de la salud.

Ante ese escenario de conflicto, la mayoría de los médicos opta por aplicar lo que en el sistema denominan "medicina defensiva", para tratar de sortear posibles demandas futuras, y prescriben estudios y prácticas excesivas o superfluas, que incrementan aún más los costos en detrimento de la calidad de atención de la población en general.

El "gasto encubierto de la medicina defensiva", según evaluaciones preliminares, totalizaría unos 55 pesos por afiliado a un plan de salud, lo cual elevaría a 67 pesos por mes -unos 800 pesos anuales- el monto que los pacientes deben afrontar como consecuencia de la "judicialización" de los actos médicos.

Así, el costo de las demandas y juicios contra el sistema de salud equivaldría al 22 por ciento –más de 24.200 millones de pesos- de la inversión total del sistema, si se incluyeran las mayores erogaciones que, se estima, genera la "medicina defensiva".

Los datos forman parte de estudios elaborados con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará entre el 1º y el 3 de setiembre en Mendoza y San Juan, donde prestadores, profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática de los amparos y el proceso de "judicialización" de la medicina,  que tienen también alta incidencia en los costos.

ACAMI nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, Mater Dei y los Hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones.

Según un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud realizado en el 2008 sobre unas 200 obras sociales, casi el 40 por ciento de las entidades sufría amparos o juicios por prestaciones médicas o provisión de medicamentos de parte de sus afiliados.

Sin embargo, nuevas proyecciones en proceso,  revelarían que en la actualidad casi todos los financiadores del sistema de salud enfrentan algún tipo de amparo o demanda, además de las denuncias por "mala praxis" que afectan a uno de cada cuatro/cinco médicos en la Argentina.

Los pacientes cuentan, en general, con el beneficio de litigar sin gastos, por lo que muchos estudios jurídicos los inducen a  presentar demandas, la mayoría de las cuales finalmente no prosperan, pero igual generan un costo muy alto al sistema sanitario.

Fuente: Mdzol
24.08.10