La Superintendencia de Servicios de Salud se despierta de una siesta de 7 años
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a) “Las demandas son infinitas y los recursos, limitados“. b) “El estado es el deudor final de los requerimientos en salud”.
Estas son frases re-manidas, archiconocidas por todos quienes tenemos alguna responsabilidad en la gestión de los subsistemas de salud. No por eso resultan poco ciertas, sino que están completamente vigentes, y es en la búsqueda de soluciones a los dilemas que plantean, que se generan las normas regulatorias en todos los sistemas de salud del mundo.
A partir de las consecuencias que derivan de estas sentencias, es que las normativas establecen (según la situación económica, del conocimiento y del estado sanitario) en el país, cual es la cartera básica de servicios prioritarios que los agentes del sistema deben proveer a los afiliados y beneficiarios, y cuáles servicios no han de brindarse o el Estado se reserva para sí, como responsable final de la salud de la población.
Todos aquellos que toman decisiones en el sistema de salud, saben esto, con excepción de los jueces. No pretendemos echarle toda la culpa a Sus Señorías (y sus originales fundamentos en las sentencias, tales como “la salud no es solo la ausencia de enfermedad”; “la obesidad también es una enfermedad” mas otros impares hallazgos filosóficos), pues ha sido la ausencia de regulación desde 2004 hasta ahora, la que ha exacerbado la incursión de los abogados en el sistema de salud.
Desde la salida de Ginés y la falta de expertos a cargo (recordemos que un periodista llegó a ser Superintendente!), ha aumentando la enervante judicialización de cada decisión médica, y la desaprensiva carga en los financiadores de cualquier solicitud de los demandantes (desde atención en el exterior, hasta delfinoterapia: todo en el marco de un sistema declarado en emergencia).
Eso sucedió en parte por la falta de regulación, y en parte como un aprovechamiento nuevo en la veta de la industria del juicio y el derecho de pleitear sin gastos.
Por eso propusimos que un “Acuerdo de Salud para el Bicentenario” debía incluir en la creación de una Comisión Nacional de Expertos para reformular los Programas Médicos Obligatorios, inclusiones y exclusiones y Normativa que procure la resolución pre-judicial de conflictos.
Por eso damos la bienvenida a la iniciativa de la SSSalud de reformular el PMO y sus normativas, tal como refiere en sus noticias, el periódico “Consultor de Salud”.
Por eso saludamos que la SSS reconozca como una “amenaza principal a la judicialización de la salud”.
Por eso celebramos que se comience a trabajar en “un proyecto de actualización del PMO, que sea revisado cada 6 meses, para frenar la intervención de los jueces”.
Por eso nos adherimos al concepto que establece que la otra amenaza es “la inclusión de nuevas coberturas sin financiamiento, que es un verdadero problema para nosotros”.
Celebramos este despertar de la Superintendencia de Servicios de Salud, después de su larga siesta de 7 años. Ya era hora.
