¿Atención gratuita para todos?

La aseveración de la Federación Chaqueña de Gremios de que el estado debe proporcionar asistencia gratuita a todos los ciudadanos, que acompaña su rechazo al convenio InSSSeP - Ministerio de Salud Pública parece apoyarse en el Art. 36 de la Constitución Provincial.

Por Alfredo Zurita*

En tanto la constitución provincial describe con mucho detalle en 8 artículos y varios incisos los derechos educativos, la salud merece un solo y escueto articulo

“Art. 36. - La Provincia tiene a su cargo la protección y reparación de la salud de sus habitantes, con el fin de asegurarles un estado de completo bienestar físico, mental y social. Al efecto dictará la legislación que establezca los derechos y deberes de la comunidad y de los individuos y creará la organización técnica adecuada”.

Las diversas leyes sancionadas hasta el presente solo se refieren a algunas pocas enfermedades y problemas específicos, y ninguna a la organización técnica adecuada, que incluya una carrera profesional, aunque más allá de este déficit legal, el estado atiende todo hasta donde alcanzan los recursos presupuestarios. Unos $ 500 por ciudadano y por año, según establece la ley de presupuesto vigente, y que es la tercera parte de lo que destina la privilegiada provincia de Santa Cruz, que recibe fondos federales en mucha mayor medida que Chaco, y muchas otras, además de contar con recursos propios derivados del petróleo.

La distribución de este recurso entre las localidades de la provincia, y programas, es muy desigual y no obedece a ninguna lógica de priorizar por costo/resultado sanitario, sino por costo/respuesta a presiones.

De este modo los habitantes de Resistencia reciben mucho más que los del interior, los menos pobres más que los más pobres. Los problemas de interés para los médicos o grupos de activistas, más que los que no tienen médicos o activistas interesados, y como regla general se cumple la “ley de cuidados inversos”, que dice que “las personas que más necesitan cuidado médico, son las que menos los reciben”, y que se observa en todo el mundo, en diverso grado.

De todos modos $ 500 por ciudadano año está lejos de satisfacer las necesidades sentidas por los ciudadanos, muchas de ellas reales, y otras creadas por la medicina, por lo que se han organizado sistemas adicionales de recaudación paralelos, las obras sociales, a los cuales se obliga a aportar a los empleados. De este modo en la provincia, casi todos los empleados (en blanco), incluyendo a los del sistema público de salud, recurren preferencialmente a prestadores privados, al que se atribuye mejor calidad, pagados por las obras sociales, lo cual aumenta la disponibilidad de recursos del sistema público para los demás, posiblemente en más del 50 %. Estos $ 750 por usuario y por año costean en promedio 5 consultas y un día de internación para cada uno, los exámenes diagnósticos necesarios y parte de la medicación, ya que como sabemos los pacientes del sistema público deben comprarla en parte, y de todos modos ni el doble o el triple de esta cifra serian suficientes para financiar todos los servicios que la medicina podría ofrecer para alcanzar un completo estado de bienestar fisico mental y social tal como reza el articulo 36 de la Constitución, ya que las necesidades de salud son infinitas.

Los límites son por tanto inevitables, y deben establecerse por ley, tal como parece sugerirlo el texto constitucional, o por el juego de intereses y presiones como se hace actualmente, lo que facilita el juego político partidario, ya que pueden flexibilizarse ad-hoc cuando algún caso interesa al poder político, generalmente cuando se trata de VIP.

Limitar por ley es lo que hace el plan AUGE en Chile, la PMO para las obras sociales nacionales en Argentina, los planes Medicaid y Medicare en USA, pero que no existe ni en el sistema público del Chaco, ni en el InSSSeP. Todo depende del juicio de médicos auditores, o recomendaciones mediante telefonazos y tarjetas, o recursos de amparo.

Supongo que el temor de los gremios proviene de que este convenio sea un primer paso para afiliar al InSSSeP a los desocupados y pobres sin obra social, cuyos aportes serían reemplazados por aportes del tesoro provincial, y con buen criterio los gremialistas suponen que estos aportes serán inferiores en monto a los suyos, y las transferencias al InSSSeP tendrán igual o más demora que sus propios aportes, por lo que los problemas de plus se agravarán.

En la ultima década se ha incorporado personal al sistema público en forma precaria, como para resolver coyunturas, y han menudeado declaraciones de extender el aseguramiento, completado el cual la existencia del sistema público dejaría de ser necesaria, y los hospitales públicos se financiarían con el aseguramiento, en un régimen de autogestión, que les permitiría contratar su propio personal, por lo que una carrera sanitaria provincial no sería necesaria. Tal parece el futuro más o menos inevitable, aunque haya vigilias, paros o manifestaciones varias, ya que ningún partido con posibilidades de ejercer el gobierno de la provincia ha hecho cuando gobernó, ni proyecta hacer, algo diferente.

El presupuesto provincial en salud se mantiene desde hace décadas, con pequeñas oscilaciones, alrededor del 10 % del presupuesto total, y como cada vez se incorpora más personal, es inevitable reducir el monto de los salarios. La atención de salud no es gratuita, nunca lo fué, y debe ser pagada por los pacientes con impuestos y aportes, ya que el gobierno no puede crear recursos, solo pueden decidir prioridades entre educación, salud, seguridad, y obra publica, los grandes rubros, y en la actualidad parece que la salud esta perdiendo por varios tantos. Aumentar recursos sin cumplir el Art. 36 de la Constitución solo tranquilizará las protestas ahora, y generará nuevas tensiones para el futuro inmediato.

* Alfredo Zurita es Profesor Titular de Salud Pública, Facultad de Medicina de la UNNE

Fuente: dataChaco
03.05.10