Polémico: quiere cambiar de sexo pero la obra social le niega la cobertura

Si la apelación sale a su favor, sería el primer caso en que una obra social se hace cargo de una operación semejante.
 
Por estos días, la Justicia Federal mendocina tiene entre sus manos la posibilidad de dictar un fallo histórico a nivel nacional: otorgar la posibilidad de que una obra social cumpla con la cobertura médica para que una persona pueda cambiar de sexo.
 
La historia de Carolina C. comenzó hace 39 años cuando comenzó a percibir que su cuerpo masculino no respondía a sus sentimientos femeninos. Ahora, se encuentra a las puertas de una cirugía que cambie definitivamente no sólo su genitalidad sino también el resto de su vida si la Justicia Federal falla a su favor.
 
Esta operación para corregir su disforia sexual -también conocida como transexualismo- sólo puede hacerse en Buenos Aires. Se trata de una vaginoplastia, cuesta alrededor de 29 mil pesos y lo que está en juego es si la obra social tiene que hacerse cargo de la cirugía correctiva genital.

Pequeñas victorias
 
Los sucesos últimos de esta historia arrancan en enero pasado, cuando Carolina solicita a OSECAC, obra social de los empleados de comercio, que le cubra una cirugía compleja: nacida hombre, había decidido operarse definitivamente para asumir la sexualidad que ha sentido gran parte de su vida. Carolina quiere ser mujer.
 
El pedido se realizó luego de haber obtenido otra significativa victoria cultural en tribunales: un fallo del 14 de diciembre de 2009, con firma del juez Germán Ferrer, titular del 1° Juzgado de Familia, que le autorizaba a cambiar de identidad y asumir finalmente ese nombre por el cual ya todos la identificaban en lo cotidiano.
 
Esa sentencia la habilitaba a cambiar de nombre en todos los documentos en los que figuraba, desde la partida de nacimiento y el DNI hasta el diploma de la universidad, entre tantos otros.
 
De hecho, recibió su nuevo documento el 26 de marzo pasado, en vísperas de los comicios de Capital. Hasta ese momento, en cada elección, Carolina había votado en mesas de hombres con su nombre masculino aunque en la foto ya se podían apreciar los cambios físicos propios de una mujer. Con el DNI todavía fresco, no alcanzó a sufragar en las elecciones de concejales del pasado 28 de marzo porque no figuraba en los padrones.  
 
Pero el fallo de Ferrer apuntaba a cambios más profundos, no sólo a lo civil. También autorizaba al cambio de sexo mediante una cirugía en un hospital de la Provincia de Buenos Aires.

La obra social que quiere dar marcha atrás
 
Decidida a dar un paso más, Carolina comenzó a interiorizarse sobre las posibilidades médicas, psicológicas y económicas de la cirugía. Entre otros aspectos, analizando los números, entendió que no podría costear por sí misma esa operación, que se hace solamente en dos clínicas en todo el país: el hospital de agudos "Ricardo Gutiérrez" y en la clínica Ecober, ambas instituciones de La Plata, provincia de Buenos Aires.
 
Sin embargo, el fallo del juez de familia pronto encontró un obstáculo real: la provincia de Buenos Aires permite hacer estas operaciones de manera gratuita si la persona no cuenta con dinero suficiente o no tiene obra social. Bajo estas condiciones, el estado bonaerense negó la posibilidad de que Carolina pudiera operarse en el Hospital Gutiérrez, puesto que cuenta con obra social. Así, la única posibilidad que queda es la mencionada clínica privada.
 
En enero, Carolina hizo el pedido correspondiente OSECAC, a la que ha estado afiliada desde mayo de 2008. Buscó presupuesto en Ecober: solamente la operación saldría 28.250 pesos, sin mencionar el postoperatorio que incluye atención psicológica y el tratamiento hormonal. Ecober se encuentra en el listado de instituciones prestadoras de servicios médicos de OSECAC.
 
Sin embargo, en OSECAC no obtuvo las respuestas que buscaba. Por el contrario, tras varias idas y vueltas, pasaron por lo menos dos meses para que una empleada le comunicara informalmente que la obra social no costearía la cirugía, ya que la disforia sexual no se encuentra entre las enfermedades que figuran en el Programa Médico Obligatorio, según argumentó esta persona.
 
Aún más: desde Capital Federal, la asesora legal de OSECAC, también pidió que en la ficha de afiliación de la obra social, Carolina volviera a figurar con su anterior nombre –el de varón-, desoyendo de esta manera incluso a la resolución del juez Ferrer que autorizaba el cambio de identidad civil en cada documento público.
 
La definición en la cámara de las discordias
 
Ante este panorama, Carolina tuvo que posponer su cirugía –que ya tenía fecha para el 10 de abril- y recurrir a la Justicia Federal.
 
“Estamos peleando por el derecho a la salud”, sostuvo Ricardo Corica en su estudio de la 5º sección, patrocinante legal de Carolina.
 
Bajo esta definición, Corica ensayó el argumento central del amparo interpuesto en el juzgado de Olga Pura de Arrabal. Sin embargo, y de un modo bastante ágil para los habituales tiempos de la justicia, en ese mismo día Arrabal negó el pedido de Carolina C., sosteniendo los mismos dichos que la obra social: la disforia sexual no se encuentra como una enfermedad registrada en el PMO, por lo tanto, no corresponde que OSECAC se haga cargo de los costos quirúrgicos.
 
“No soy homosexual. Yo tengo el síndrome de Harry Benjamín”, aclara Carolina, para dar cuenta de una enfermedad poco común y que aqueja a 1 de cada 100 mil personas de ambos sexos, donde se plantea un desajuste sexual: físicamente es masculino, pero psicológicamente es femenina. Aunque ella no se asuma como tal en ese sentido, para el común denominador este síndrome suele presentarse como transexualismo.