¿Quién “banca” las decisiones de los Jueces?
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Muchas decisiones médicas se han vuelto decisiones judiciales en el último tiempo, así también, los pacientes pueden determinar libremente su destino y el de su cuerpo. Pero ¿hasta dónde es correcto, justo y sustentable que el sistema de salud deba financiar estas decisiones?
No hace mucho, en Mar del Plata, un paciente decidió no permitir que se le amputara su pierna con gangrena. Obtuvo autorización judicial para ello y falleció tres días después. También se conoció en La Plata otro caso de un paciente que -con aval judicial - no autorizó que se le extirpara un ojo irremediablemente dañado en una riña, a riesgo de su propia vida.
La línea argumental básica parece ser: “el paciente ha dejado de ser objeto de un tratamiento, y ha pasado a ser sujeto de las determinaciones que atañen a su vida y a su muerte”.
No creo que muchos médicos discutan el derecho de los pacientes de hacer lo que deseen con su propio cuerpo. En el estado actual de nuestra legislación, el intento de suicidio no parece poder ser punible ( ni siquiera el intento exitoso). ¿Cómo podrían entonces argumentar en contra de este derecho, cuali-cuantitativamente mucho menor?.
En todo caso, algunos médicos discuten este derecho desde una visión teológica ("tu cuerpo no te pertenece, es una creación de Dios"), o desde la ética médica ("¿es razonablemente ético no utilizar tratamientos probadamente útiles en un paciente recuperable?").
Seamos claros: en principio, los médicos puestos frente a un caso como estos, llaman a un juez, no para imponer el tratamiento de elección, sino para evitarse un juicio por mala praxis, iniciado por los mismos dolientes deudos que antes clamaban por el derecho del enfermo a decidir sobre lo que se hará sobre su propio cuerpo y luego estarán exasperados porque sus decisiones resultaron poco exitosas.
También seamos justos: a los médicos no nos gusta que los pacientes evolucionen mal y si sabemos que existe un tratamiento que dará más posibilidades al enfermo, nos parece irracional, penoso y un fracaso profesional, el no aplicarlo, porque por lo general existe más de un tratamiento para una misma enfermedad. La ciencia va evolucionando en la búsqueda de los tratamientos con mejor costo-beneficio. Es decir: existe una permanente búsqueda de tratamientos que permitan obtener los mejores resultados al menor costo. O a iguales costos, más y mejores resultados.
Cuando un juez desautoriza un tratamiento de primera elección, y obliga a los médicos a aplicar un tratamiento que no es el mejor en esa situación y en ese momento, además de hacer respetar la decisión del enfermo de disponer sobre su cuerpo, su vida y su muerte, está provocando un gasto adicional al sistema de salud (del cual, agravando las cosas, no se espera un buen resultado).
El enfermo deberá usar antibióticos por 12 días en lugar de siete, ocupará una cama hospitalaria o sanatorial, por doce días en lugar de cuatro, y tendrá más complicaciones y menores probabilidades de sobrevivir.
La pregunta surge clara: ¿quién se hará cargo de este gasto poco productivo provocado a los demás ciudadanos, o a los integrantes de una mutual u obra social, en nombre de la teoría de la libre disponibilidad del propio cuerpo y del paciente entendido como sujeto que decide?.
Usar dineros públicos en tratamientos de baja calidad y en la certeza de que no se obtendrán los mejores resultados, ¿no podría ser una variante “sanitaria” de la “malversación de fondos”? ¿O es esto una especie de intento de suicidio, avalado por jueces, asistido por médicos y cubierto por obra social?.
Claro que el sistema hospitalario, las obras sociales y aún las medicinas prepagas deben financiar los tratamientos que resultan de elección en cada caso y en cada momento, los que tienen la mejor relación entre su costo y sus beneficios. Este es un derecho humano fundamental: poder acceder al mejor tratamiento en cada situación de enfermedad.
Pero a los enfermos que desean realizar otro tratamiento mas caro y menos efectivo, a los familiares y al juez que los apoyan en su derecho de hacer lo que deseen con su propio cuerpo, debería preguntárseles adicionalmente si tienen alguna brillante idea sobre cómo se podría obtener la plata con la que se va a financiar la diferencia entre el derecho humano a la mejor atención que a todos nos corresponde por nidar en el imperfecto planeta que habitamos, y esta especie de derecho humano inútil y caro desde lo sanitario, de súper lujo y sólo viable en un improbable paraíso post-capitalista (pero, eso sí, solventado por “otros”, con aportes socializados).
Post scriptum: a modo ilustrativo sobre las posibles consecuencias de quebrantar el recorrido de los caminos apropiados en la medicina se recuerda que Joseph Broz Tito no permitió que se le amputara su pierna con gangrena. La muerte (1980) de este líder desató la guerra en los Balcanes, que aún hoy – 30 años después - tiene sus costos.
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